Bolonia en marcha: Precarización, mercantilización y privatización en las universidades
Las universidades públicas están aplicando ya el Plan Bolonia. ¿Qué transformaciones supone esta reforma? Por Jesús Castillo, profesor de la Universidad de Sevilla, miembro de la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad y del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Universidad de Sevilla (SAT-US).
Desde hace dos años las universidades públicas están sufriendo un gran número de reformas conocidas popularmente como “Plan Bolonia”. La excusa es establecer un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), aunque no exista directiva europea que obligue a aplicarlo. Para imponer dicho plan, los gobiernos de Aznar y Zapatero, junto con los rectores, intentaron ocultarlo bajo un manto de silencio. Además, han intentado justificarlo alegando un cambio en la metodología docente. Pero para esto no era necesario, por ejemplo, convertir las licenciaturas en grados. También, los que han impuesto las reformas han repetido una y otra vez que se trataba de una adecuación de la universidad a las “demandas sociales”, ocultando que realmente pensaban en “demandas empresariales”.
Resistencia en las aulas
Las “reformas boloñesas” suscitaron una fuerte resistencia en las aulas y departamentos; resistencia que fue configurando el “movimiento contra Bolonia”, un movimiento amplio y radicalmente democrático.
El movimiento contra Bolonia ha estado conformado fundamentalmente por estudiantes que han analizado a fondo las reformas; han informado; planteado alternativas; llevado el debate a la sociedad; realizado actividades artísticas de protesta; organizado referendos (en los que se mostró claramente la oposición del alumnado a las reformas impuestas); ocupado simbólicamente el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sucursales bancarias, rectorados y aulas; y, por supuesto, se han manifestado. Y todo esto pacíficamente, con medios muy escasos, pero ricos en esperanzas de cambio.
A las movilizaciones de los estudiantes se unieron profesores e investigadores (PDI) y personal de administración y servicios (PAS), organizados en asambleas que han impulsado la firma de diferentes manifiestos de denuncia y han llegado a coordinarse estatalmente.
Las manifestaciones contra el EEES no se han limitado al Estado español y han estallado también, incluso con más fuerza, en Grecia -donde se ha frenado el proceso de Bolonia-, Francia, Alemania o Italia. Y es que, en Alemania, donde las reformas neoliberales de la universidad llegaron hace dos años, existe un descontento generalizado. En Francia, se dieron durante 2009 las mayores huelgas universitarias de su historia, mayores incluso que las de 1968.
A pesar de la represión y los numerosos obstáculos que ha encontrado el movimiento contra Bolonia, sus movilizaciones han conseguido reformas importantes. Es cierto que no consiguió frenar el Plan, pero sí avances concretos como sacarlo al debate público, más becas de estudios, más fondos para la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio, la simbólica vuelta de las competencias al Ministerio de Educación, la puesta en marcha de maestrías gratuitas para licenciados que estén cobrando el subsidio de desempleo, una moratoria activa de un año a la entrada en vigor de los grados en varios centros, o que el rectorado de la Universidad de Sevilla emita carnés universitarios sin el logo del Banco Santander.
En este contexto, los análisis de futuro del movimiento contra Bolonia ya se están demostrando acertados, al hacerse patentes el aumento de la precarización, la mercantilización y la privatización de la universidad pública.
Precarización universitaria
A la cabeza de la precariedad universitaria está, paradójicamente, la ANECA, que evalúa al profesorado y las nuevas titulaciones de manera nada transparente. El PSOE declaraba en su programa electoral de 2004 que la ANECA pasaría a ser una entidad pública y aún no ha cumplido su promesa.
La implantación de los grados supone una reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional -lo que se conoce como la McDonalización de la universidad-, generando graduados de primera (grado + maestría) y segunda fila (sólo con grado). Además, el proceso de diseño de los nuevos planes de estudio ha sido y está siendo, en general, lamentable. El reparto de créditos entre departamentos prima sobre criterios de calidad, y los centros y departamentos han contado con muy poco tiempo para la planificación. Estas deficiencias hacen que los nuevos planes no hayan corregido los defectos de los anteriores y que, incluso, los hayan agravado. Por ejemplo, arrastran anacronías como que se le dé un papel privilegiado a los estudios de religión en los grados de Magisterio, en virtud a acuerdos dantescos con la Santa Sede.
Por otro lado encontramos la carrera docente, que se ha convertido en una carrera de obstáculos, definida en la LOU del PP y el PSOE, y en el futuro Estatuto del PDI del PSOE. Para superar los hitos de dicha carrera, los profesores e investigadores se ven obligados a compaginar la docencia con una investigación de calidad internacional, lo que no en pocos casos les obliga a trabajar fuera del horario laboral. Además, el espíritu de competencia agresiva que se aplica desde arriba conlleva severas dinámicas internas.
A las labores docentes e investigadoras se suma la dedicación a labores administrativas por parte del PDI, que aumenta de la mano de la burocratización de la “evaluación de la calidad” y de un cambio pedagógico obsesionado con el papeleo. Además, la precariedad ha comenzado a impactar en forma de múltiples despidos en las plantillas de PDI, como en la Universidad de León donde se puso en marcha un ERE encubierto que dejó en la calle a 100 profesores.
Una de las mayores mentiras de los equipos rectorales fue afirmar que Bolonia significaría una mejora de la docencia, puesto que se reducirían los grupos de estudiantes, permitiendo un seguimiento más individualizado; seguimiento que no es posible en muchos centros ya que no hay aulas y/o profesorado suficientes.
En el fondo de toda esta precariedad encontramos un déficit claro en las inversiones en Educación. El Estado español, la octava potencia económica del mundo, dedica sólo el 1,1% de su PIB a la educación superior, cuando la media en la UE es del 1,8%. Asimismo, el gasto por alumno universitario en el Estado español es un tercio inferior a la media de la UE. Ahora bien, en lugar de intentar acabar con esta pobre financiación, los gobiernos centrales y autonómicos están poniendo en marcha las reformas boloñesas a “coste cero” o, incluso, recortando presupuestos.
Además, las comunidades autónomas han introducido modelos de financiación de la universidad basados en parámetros mercantilistas. Por ejemplo, reciben más dinero aquellas universidades con un mayor número de graduados que encuentra trabajo, lo que pone a las universidades a merced de un mercado laboral salvaje, ineficiente y anárquico.
Mercantilización universitaria
Se comienza a imponer la gestión economicista de la universidad pública, que intenta convertir a esta institución en algo rentable. Este enfoque mercantilista se refleja, por ejemplo, en el vocabulario de los equipos rectorales que empiezan a hablar en términos tales como “equilibrio presupuestario”.
En este escenario de presupuestos reducidos, se auspicia una competencia brutal entre universidades. En esta línea está ya el Programa de Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación, que favorecerá principalmente a aquellas universidades mejor preparadas, dejando en segunda línea a las demás. Entre los parámetros que se utilizan para evaluar las universidades de excelencia están las inversiones de capital privado. Esto significa que el empresario no sólo decide dónde invertir, sino que también influye sobre dónde va a invertir el Estado. Este proceso nos llevará a contar con un sistema universitario totalmente jerarquizado como el de Estados Unidos, donde los estudiantes con menos dinero acuden a los deficitarios Community Colleges.
A la pregunta formulada por un periodista “Hay 19 títulos ofertados en Madrid sólo de publicidad. ¿Bolonia pretende eso?”, el Ministro de Educación Gabilondo contestaba: “Se trata de que las universidades compitan entre ellas. El paso del tiempo determinará dónde están todos esos títulos”. ¡Qué manera más racional y eficaz de gestionar la educación! Ahora más que nunca podemos ver las crisis tan profundas y graves a las que nos conduce esa dinámica mercantilista. ¡La educación, señor Ministro, no es una mercancía!
Al mismo tiempo que van apareciendo nuevas universidades privadas, los gobiernos autonómicos y los rectorados, amparados por la LOU, empiezan a eliminar estudios basándose en argumentos mercantilistas: se matriculan pocos alumnos y, por tanto, la carrera no es rentable. Sin embargo, incluso estos argumentos se aplican deficientemente, pues no se tienen en cuenta los ingresos derivados de la investigación. Obviamente, el cierre de pequeñas facultades en capitales de provincia modestas tiene un efecto directo en el tejido productivo local que afecta a las PYMEs.
Éstas pierden capacidad competitiva frente a las grandes empresas localizadas en los importantes núcleos urbanos, con lo que se alimenta así un modelo de desarrollo cada vez más desequilibrado.
Además, multitud de actividades y de conocimientos, cuya utilidad no pasa necesariamente por la intensificación de la tasa de beneficio del capital económico privado, empiezan a quedarse fuera de los “intereses sociales”, que se equiparan con los de las empresas privadas.
Privatización universitaria
Las reformas boloñesas han abierto las puertas a las universidades privadas. A éstas se les permite, por ejemplo, participar en la elaboración de la política universitaria gubernamental. Incluso, se piensa en ayudarlas con fondos públicos. Este ambiente favorable a la inversión en educación ha provocado la proliferación de numerosas universidades privadas en los últimos meses.
La sustitución de las licenciaturas por grados y maestrías aumenta la liberalización de los estudios universitarios. Antes, eran las universidades públicas las únicas que podían impartir la educación superior. Posteriormente, se incorporaron las universidades privadas, guiadas por los beneficios económicos. Ahora, el último curso de los estudios se convierte en maestría que pueden impartir tanto universidades públicas, con la participación directa de empresas, como universidades o fundaciones privadas.
Además, la conversión del último curso de las licenciaturas en máster ha aumentado el precio de la matrícula. Por ejemplo, el máster obligatorio para ser profesor de secundaria cuesta entre cuatro y nueve veces más -según la comunidad autónoma-que el deficitario Certificado de Actitud Pedagógica (CAP). El nuevo máster será también impartido por universidades privadas mientras que el CAP era impartido sólo en universidades públicas.
Por si fuera poco, el número de plazas que ofertan las maestrías es muy inferior al de las licenciaturas en el quinto curso, estableciendo un cuello de botella que se une a las limitaciones económicas, a la hora de alcanzar un nivel de estudios superior al grado. La subida de tasas también se nota en los grados. Por ejemplo, el grado cuesta un 19% más que la Licenciatura en la Comunitat Valenciana (¡en plena crisis!). La excusa es que el nuevo crédito europeo requiere más atención del profesorado al estudiante. De igual modo, el crédito del grado es un 23% más caro que el quinto curso en la Comunidad de Madrid, según explican los rectores para compensar que ahora las carreras son más cortas (!). Estas subidas de las matrículas son posibles porque el gobierno de ZP permite unos márgenes muy amplios para los precios de las matrículas.
En este contexto de tasas en ascenso meteórico y becas muy escasas, encaja perfectamente la puesta en marcha de las llamadas “becas préstamo”, que ponen en mano de los banqueros las posibilidades de estudio de mucha gente. Actualmente, la mayoría de los bancos obligan a ser cliente de la entidad con, al menos, tres años de antigüedad para dar un préstamo de estudios. Además, en el caso de ser profesional y querer cursar un máster, se deberá tener una nómina superior a 20.000 euros anuales o bien un avalista. Por otra parte, el establecimiento de esta medida abre las puertas a una disminución futura de las becas, alegando que existen vías alternativas de financiación.
Antes de que llegara en tromba el neoliberalismo a la universidad, las empresas privadas ya venían ganando protagonismo. Por ejemplo, se habían privatizado los servicios de restauración, limpieza, mantenimiento e informática. Igualmente, las empresas privadas, obsesionadas por sus beneficios económicos a corto plazo, estaban ganando peso en el control de la investigación. Las reformas boloñesas han supuesto un impulso clave en este proceso de asalto empresarial.
Desde un punto de vista economicista según el cual prevalecen los beneficios empresariales sobre el interés general, es necesario poner la universidad al servicio de las empresas. Por un lado, la inversión empresarial en I+D en relación con los beneficios ha venido cayendo en los últimos años. Ahora, con la crisis económica, esta tendencia es aún más acusada. Sin embargo, las empresas necesitan contar con investigaciones innovadoras para mantenerse competitivas. Para solucionar esta situación recurren a la universidad pública, poniendo al servicio de los intereses empresariales los medios públicos. Por otro lado, las empresas necesitan cada vez más un tipo de profesional capaz de realizar tareas muy específicas, por lo que tienen que adecuar los planes de estudios y los cursos de postgrado.
Hacer que el funcionamiento de la universidad pública dependa -aunque sea parcialmente, de las inversiones privadas la une a los movimientos de capital que controlan unos pocos pensando principalmente en sus intereses económicos. La aparición de cátedras de empresa como setas en los últimos meses o la composición de los Consejos Sociales Universitarios refleja la entrada masiva de las empresas en la universidad pública. Y los intereses empresariales están habitualmente reñidos con los intereses generales: por ejemplo, a las empresas farmacéuticas les interesa desarrollar medicamentos cronificadores en lugar de medicamentos que curen.
Por su parte, las prácticas externas que se están introduciendo en casi todos los planes de estudio de grado ponen al servicio de las empresas una mano de obra estudiantil gratuita, lo que hará que bajen los sueldos y las condiciones laborales de los y las graduadas. Para que esto no ocurriese sería necesario un control muy estrecho por parte de los centros que, muy posiblemente, no se dará, por falta de interés y fondos económicos específicos.
La lucha por una universidad pública al servicio de la sociedad continúa
Las movilizaciones estudiantiles continúan en el curso 2009-10. Y estas movilizaciones, posiblemente, continuarán ya que las reformas siguen imponiéndose, aunque sea con la participación de representantes de todos los sectores en los órganos de gobierno universitarios. Los y las universitarias se resisten a un modelo de democracia representativa que sienten que no les representa.
Los que participamos en el movimiento contra Bolonia no somos inmovilistas. Todo lo contrario: pensamos que otra universidad es posible y queremos construirla entre todos y todas para todos y todas.
