El desastre del Estado español
Mike Eaude explica cómo la Constitución de 1978 ha servido no para desarrollar los derechos de la clase trabajadora o de los pueblos del Estado, sino para encorsetar las naciones históricas y bloquear cualquier cambio.
El 6 de diciembre se celebran 30 años desde el referéndum sobre la Constitución española, que dió como resultado un “Sí” mayoritario en todo el Estado, excepto en Euskadi y Galiza. Tanto el PCE como el PSOE vitorearon el resultado como un triunfo para los y las trabajadores, consolidando los nuevos derechos democráticos. Los partidos de la derecha también estaban contentos: la clase dominante saboreó el triunfo de haber sobrevivido los mares bravos de la transición, cediendo tan poco.
La Constitución se ha fetichizado durante estos 30 años de democracia burguesa como si fuera los diez mandamientos, cuyo texto no se puede tocar bajo ningún concepto. De hecho, fue un acuerdo de mínimos para codificar la relación de fuerzas entre las clases de aquel entonces, después del desmantelamiento de la dictadura y después de la derrota de la opción de ruptura con el pasado. La Constitución era la principal de una serie de pactos, negociados a espaldas de la clase trabajadora, para moldear la naturaleza de la democracia restringida en que vivimos hoy.
Los mismos perros
Después de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el nivel de huelgas era el más alto de Europa. Sólo en 1976 se perdieron 110 millones de horas de trabajo por las huelgas. En Euskadi, donde se combinaba la lucha nacional y por la amnistía para los presos políticos con la lucha obrera, tuvieron lugar 13 huelgas generales, siempre inseparables de grandes manifestaciones y choques gravísimos con la policía, entre enero de 1976 y mayo de 1977.
Coincidiendo con los convenios colectivos en los primeros meses de 1976, la clase trabajadora hizo otro enorme esfuerzo para romper la dictadura del sucesor de Franco, el rey Juan Carlos, y de su presidente, el “carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro. Madrid quedó paralizada en febrero del 76. Los y las huelguistas del metro vieron al ejército movilizado para conducir los trenes. Los carteros, la construcción y el metal también pararon. Los 300.000 estudiantes del Estado mantuvieron huelgas constantes durante todo el curso. La clase trabajadora era la fuerza motriz que hizo que la clase dominante optara por la reforma, por miedo a sufrir un proceso revolucionario como de hecho pasaba en el vecino Portugal durante los 18 meses después de la Revolución del 25 de abril de 1974.
Sin embargo, lo que más miedo metió a la clase dominante fue la lucha en Vitoria durante los tres primeros meses de 1976. Antes, Vitoria tenía poco que ver con las grandes movilizaciones que se dieron en el resto de Euskadi, pero la lucha de 1976, llevada a cabo con una democracia obrera fundada en asambleas diarias, asustó a la clase capitalista española.
Fue el susto de Vitoria lo que hizo que Juan Carlos optara decisivamente por el cambio. Ríos de tinta han fluido sobre la grandeza democrática del rey. La verdad es más sencilla: obraba siempre para conservar su monarquía. Juan Carlos tuvo cerca el ejemplo de su cuñado Constantino, rey que no pudo volver a Grecia después de la caída de la dictadura “de los coroneles”. Constantino se había identificado demasiado con los golpistas. Juan Carlos, el jefe de Estado nombrado por Franco, entendió que tuvo que cambiar para sobrevivir. Así, dijo: “Esto no puede seguir así so pena de perderse”.
Así que optó por la reforma política y no apoyó al “búnker”, los que no querían ningún cambio de ningún tipo. Por supuesto, Juan Carlos no estaba sólo en su empeño de reformar el estado franquista. Significativo es que cuando Franco tuvo un infarto un mes antes de morir, la Bolsa subió. Era claro que el capital tanto internacional como estatal quería que la dictadura se acabase, para que el Estado español pudiera integrarse en la Unión Europea y la OTAN. Franco era un estorbo.
Adolfo Suárez, escogido en julio de 76 para presidir el Gobierno, representaba una elección genial para llevar a cabo el tipo de transición, desde la ley franquista a la ley democrática, negociada entre bastidores, que necesitaba Juan Carlos y el gran capital. El rey no podía arriesgarse a ningún tipo de proceso constituyente abierto, ya que temía, con bastante razón, que se optara por una república; y los y las capitalistas querían una transición pactada para conseguir una democracia domada, en la cual seguirían mandando ellos mismos, es decir “los mismos perros con diferentes collares”.
Transición desde arriba
La línea política del PCE/PSUC, hegemónico en el movimiento obrero, hasta después de la subida al poder de Suárez, era la de luchar por una huelga general, que conduciría a un proceso constituyente con gobierno provisional, en el cual todos los partidos fueran legalizados y los derechos democráticos se garantizaran. Después de unos 18 meses habría elecciones para una asamblea constituyente. La tarea encomendada por el rey a Suárez era cortar en seco semejante proceso.
Lo consiguió trabajando con una rapidez que le mantuvo siempre un paso por delante. Utilizaba su encanto personal en negociaciones entre bastidores y sus contactos amplios entre los del viejo régimen (fue bajo Franco jefe del ‘Movimiento Nacional’) para ya, dentro de once meses, organizar las elecciones generales de junio de 1977.
Dio todas facilidades al PSOE (apoyado por los gobiernos socialdemócratas de Suecia y Alemania, este último el país extranjero que más invertía en el Estado español). Mintió descaradamente al ejército, prometiéndoles que nunca legalizaría el Partido Comunista. Sedujo a los líderes del PCE, entrando en negociaciones secretas con su secretario general, Santiago Carrillo, en febrero de 1977. Asustado por la amenaza de verse dejado al margen, Carrillo acordó la guinda de la legalización del PCE en abril de 1977 a cambio de aceptar la monarquía y la impunidad de los criminales del régimen. Además, se comprometió a conseguir que en el PCE no se saludara con el puño ni cantara la Internacional.
La fuerza real del PCE residió en las luchas en las fábricas, barrios, oficinas y calles. Al frenar esta fuerza, para no “dañar” la posibilidad de la legalización y no provocar a la ultraderecha, el PCE perdió fuelle. No cabe duda de que la ultraderecha era una amenaza real. Hubo entre 1971 y 1980 numerosas palizas y bombas de la derecha, con más de 100 asesinatos. En 1975, unos 100.000 falangistas enfurecidos llevaron armas. El ejército conspiraba, ideando golpes.
No obstante, desde el punto de vista marxista, basado en ejemplos históricos (como el golpe de 1973 en Chile), la mejor manera de impedir un golpe militar no es frenándose por miedo a “provocar” a la ultraderecha y al ejército, sino al contrario, movilizándose al máximo para poder aislarles mejor. Refrenarse sólo da confianza a los golpistas. No requieren “provocaciones”; para ellos la mera existencia de una clase trabajadora organizada ya es provocadora.
En realidad, el principal peligro para Juan Carlos y Suárez no provenía de la derecha, sino de una clase trabajadora curtida en muchas batallas. La cuestión clave era amainar este movimiento. Así que el papel del PCE que lideraba este movimiento era importante. Podría haber profundizado las movilizaciones para la ruptura: en cambio, se apuntó al proyecto pactista de Suárez, por miedo a perder el tren. Partido antifranquista pero no anticapitalista, utilizó su enorme influencia para frenar las luchas.
Después de su triunfo en las elecciones del 77, Suárez no alzó el pie del acelerador. Organizó las tres piezas clave que culminaron este período de desmovilización de la lucha de clases. Primero, la Ley de Amnistía de octubre del 77 sacó de las cárceles a la mayoría de los prisioneros políticos (no a los homosexuales, “culpables” de un delito común) y así paró el enorme movimiento pro-amnistía. Sin embargo, más que una ley de amnistía, era un “borrón y cuenta nueva”, la cual eximió a todos los criminales franquistas de la posibilidad de ser juzgados. Todavía colea: recientemente, la Ley de Amnistía ha sido uno de los argumentos esgrimidos contra el intento de Garzón a investigar los crímenes de Franco.
Segundo, se organizó un gran pacto social, los Pactos de la Moncloa, firmados por todos los partidos parlamentarios y CCOO y UGT en octubre de 1977. Los partidos obreros y los sindicatos aceptaron restricciones en el gasto público y aumentos de sueldo máximos de 22% en un momento en el que la inflación corría al 29%. Era lo que la burguesía exigía para salir de la crisis económica, haciendo que la clase trabajadora pagase las consecuencias.
En un momento de inflación alta y creciente paro, Carrillo argumentó que los Pactos garantizarían estabilidad a largo plazo. Los Pactos prometieron reforma agraria y de la policía y hacer que los empresarios pagasen impuestos. Como era previsible, aparte de la devolución del patrimonio sindical (concesión necesaria para que la UGT y las CCOO quedaran atados al sistema), Suárez no cumplió estos compromisos.
La “soberanía de la nación española”
La tercera pieza clave para cimentar las bases de la democracia restringida en que hoy vivimos era la Constitución. Después de un año de negociaciones entre todos los partidos parlamentarios (desde la AP de Fraga hasta el PCE/PSUC, con la importante excepción del PNV), Suárez ganó el referéndum por aplastante mayoría, con 58,97% del censo. Sin embargo, en este período todavía tan politizado, una tasa de abstención de casi el 33% mostró un descontento más amplio que el mero rechazo de la extrema derecha. Y en Euskadi, la Constitución no se ratificó, después de que el PNV, contra su voluntad, se vio forzado por la presión desde abajo a retirarse de la comisión de redacción a mediados de 1978: el voto por el “Sí” fue de sólo 31,29%, con una abstención de 54,49%.
Los artículos sociales, de los que el PCE/PSUC y el PSOE se enorgullecieron, han quedado en papel mojado —por ejemplo, el que todos y todas tengamos derecho a una vivienda digna, a un empleo o a una pensión decente. En cambio, cada vez que ha surgido algún conflicto sobre los derechos nacionales de Catalunya o Euskadi, se saca de la manga la Constitución como excusa para impedir cualquier avance. Ibarretxe no puede organizar un referéndum porque no es constitucional. O Solbes no puede satisfacer las demandas económicas del Estatut català (por otra parte, aprobado en las Cortes españolas), porque van en contra del principio de “solidaridad” plasmado en la Constitución.
Esta fue la Constitución consensuada, la del “consenso”, palabra clave de aquel año 1978. No es lo mismo “consensuada”, es decir acordada entre los representantes de los partidos parlamentarios, que consenso. El “consenso” alrededor de la constitución fue artificioso. En su momento, a muchas y muchos les recordó a los referéndums de Franco, con todo tipo de amenazas veladas y catástrofes auguradas si el “Sí” no ganaba. Tuvo lugar en un ambiente favorable para olvidar las propias reivindicaciones, como la autodeterminación, el republicanismo o la desmilitarización. El ruido de sables, el clima de violencia y el paro creciente hicieron que mucha gente diese por buena una constitución más o menos democrática y pasara por alto sus carencias. Pareció garantizar los derechos de asamblea, de sindicarse, a la libertad de enseñanza o religiosa. Era mejor que vivir bajo una dictadura fascista, no cabe duda.
Esta “Carta Magna” se redactó sin ningún debate público que pudiera provocar que las reformas fueran más allá del “consenso”. Así que no permite poner en cuestión la unidad de España, reconoce únicamente la “soberanía de la nación española”, deja en manos del Parlamento y de los jueces españoles la capacidad de decisión sobre cómo las nacionalidades o regiones ejercen su autonomía, y excluye el que una “nacionalidad” (la palabra “nación” se reserva sólo para la española) pueda construir su propio estado o establecer una relación confederal. Al ejército, le otorga la función de garantizar la unidad española. Y para atarlo todo bien, el jefe del ejército será el monarca, también jefe del Estado. En Catalunya, hubo una mayoría del “Sí” en el voto a la Constitución. Tanto el PSUC como los nacionalistas conservadores lograron vender dentro de Catalunya la Constitución como un “primer paso”: daba derechos a la autonomía y a que la lengua fuera co-oficial con el castellano, argumentaron, luego se podrá negociar más. De hecho, era un punto final.
Los fuertes conflictos del 75 y 76 situaron a Euskadi en una dinámica distinta del resto del Estado. La actuación represiva, que no aflojó en la época Suárez, parecía confirmar la tesis de ETA de que Euskadi era una nación ocupada, tratada con especial saña. Ya el frente KAS, formado en 1975, sentó las bases de unos objetivos alternativos, que se conocían como la Alternativa KAS. Ésta iba mucho más allá, tanto en sus reivindicaciones nacionales (autodeterminación y retirada total de la policía y la Guardia Civil de Euskadi) como sociales, que los pactos del 76-78 entre el régimen y la oposición.
Varias partes de la izquierda radical (los maoístas PTE y ORT) cedieron a la presión ambiental y votaron “Sí” a la Constitución –un error que contribuiría a su colapso pocos años después. La izquierda revolucionaria sí plantó cara a la Constitución. La Liga Comunista Revolucionaria, por ejemplo, ligó en su agitación la lucha contra los Pactos de La Moncloa —para que los y las trabajadoras no paguen la crisis del capitalismo— con la conquista del derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco es la única parte de la izquierda radical de la Transición que ha sobrevivido fuerte hasta hoy, lo cual explica el enorme empeño del Estado en chafarlo, recurriendo al asesinato, tortura y todo tipo de artimaña judicial.
Después, llegó el golpe de Tejero, el 23-F de 1981. Fracasó, pero uno de sus efectos era el reducir el alcance del debate autonómico aún más. La posterior LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 1982/83 dividió al Estado en 17 “Comunidades Autónomas”, con las mismas instituciones pero con diferentes competencias. Esto se llamó el “café para todos” —es decir, tratar igual a todas las Comunidades Autónomas— y sirvió para rebajar las exigencias de las naciones históricas. La LOAPA recondujo el debate desde la cuestión peligrosa para la burguesía del derecho de autodeterminación para las naciones dentro del Estado hasta el más seguro y cansino rifirrafe sobre cuántas competencias se transferirían o no desde el gobierno central.
Este marco ayudó al resurgimiento del españolismo, con el PSOE y el PP predicando por el resto del Estado la falta de “solidaridad” de Catalunya y Euskadi, supuestamente por pedir más competencias. También consecuencia del marco pos-LOAPA son los “debates” más recientes sobre el Estatut català, sumamente aburridos porque no pueden conducir a ningún avance real y se centran no en las voluntades expresadas del pueblo catalán, sino en si el Estatut es “constitucional” o no.
Así ha sido la Constitución española, redactada sin proceso abierto constituyente, una chaqueta de fuerza para atar las naciones históricas al Estado español y unos beneficios sociales que han quedado en papel mojado. Representa el triunfo de la clase capitalista española, que así logró disminuir la democracia posterior, después de derrotar la opción de ruptura en la transición.
