Ley de Dependencia, vendiendo más humo

Los supuestos avances sociales del PSOE sólo lo son en un sentido programático que ocultan la asunción plena de las directrices neoliberales.

Un artículo dedicado a la recién inaugurada Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia debería estar en principio en la sección de actualidad, sin embargo, el cuidado de las personas con dependencia funcional, de los ancianos, ha estado y sigue estando en el ámbito familiar y, dentro de éste, en manos de las mujeres.
La llamada Ley de Dependencia supone un avance importante en el Estado español, a la cola de la UE en gasto social. Como mínimo el gobierno de Zapatero ha puesto sobre la mesa la necesidad de que sea la sociedad la que se haga cargo de la asistencia social y sanitaria de las personas con dependencias. El Gobierno nos presenta grandes leyes de avance social, como la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo objetivo es establecer mecanismos para acabar con la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la escasa representación de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica o con los problemas de conciliación entre la vida personal y laboral. No obstante, estos grandes avances en lo social sólo son un barniz progresista, los mecanismos para hacerlos efectivos necesitan financiación pública y relaciones laborales estables.

Inaplicable

La precariedad laboral hace absolutamente inaplicable la Ley de Igualdad ¿O es que quieren hacernos creer que una trabajadora o trabajador con un contrato precario puede solicitar una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de un hijo o un familiar? La ley deja al libre albedrío de los empresarios, en las empresas con menos de 250 trabajadores, el establecimiento de planes de igualdad, y esto significa, evidentemente, que las empresas no van a hacerlo.
En cuanto a la Ley de Dependencia, su contenido pone en evidencia la incoherencia entre la supuesta sensibilidad social del gobierno Zapatero y las directrices neoliberales que realmente ha asumido el PSOE. Hasta el momento, lo único que se ha hecho es definir quién es dependiente y en qué grado, pero falta lo fundamental: un sistema de financiación que garantice realmente la red de servicios que establece la ley y que estos recursos lleguen a las Comunidades Autónomas que son las responsables de su aplicación. La externalización de los servicios a empresas privadas, como ya ocurre en la sanidad pública, se consolida en la Ley de Dependencia que en lugar de promover la construcción de residencias y centros asistenciales públicos, deriva a las empresas privadas la prestación de estos servicios a través del régimen de copago. Como ya han denunciado numerosos colectivos de trabajadores sociales y asistenciales, éste es un sector en el que mayoritariamente trabajan mujeres, muchas de ellas inmigrantes, y en el que la precariedad laboral y la falta de formación es muy alta. La ley no hace más que consolidar esta situación.

Papel mojado

Las políticas de avance social que proclama Zapatero no son reales, se basan en la redacción de leyes que si bien reconocen la existencia de la discriminación económica y social de las mujeres o la necesidad de que el Estado asuma el cuidado de las personas dependientes, son papel mojado si no van acompañadas de financiación económica. Para ello se requiere que el Estado aumente el gasto social y los impuestos a las rentas más altas, a las empresas y al capital; pero éste no es el camino que sigue el gobierno de Zapatero, que ha aprobado una reforma del IRPF, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, en la que se reduce el tipo impositivo de las rentas más altas y de los beneficios que producen las acciones y las plusvalías, beneficiando con ello la especulación y a quienes tienen ingresos más altos.
Las políticas sociales requieren gasto público y éste no se está produciendo en la medida que requiere una verdadera asistencia sanitaria y asistencial que sea pública y gratuita. Esto no se garantiza en la ley que establece la necesidad de que sus beneficiarios aporten como mínimo una parte de sus ingresos, una ley que no se desarrollará plenamente hasta el 2013. No se puede construir un estado del bienestar sin dinero y servicios públicos, y mucho menos con millones de trabajadoras y trabajadores en situación precaria a los que no llega la aplicación de leyes que sólo establecen principios, pero que no desarrollan la implantación obligatoria de sus medidas, ni sanciones para las empresas que las incumplan, como ocurre con la Ley de Igualdad.
Zapatero es un gran vendedor de humo. Los supuestos avances sociales de su gobierno sólo lo son en un sentido programático que ocultan la asunción plena de las directrices neoliberales, basadas en el recorte de impuestos para las empresas y los que más tienen, la precariedad en el empleo y la privatización de los servicios públicos.