El Contrapunto | Denunciar la tortura: recuperar la dignidad

Laia Alsina Garrido del semanario La Directa, explica la situación de la tortura en el Estado español.

“Tortura es la máxima expresión de la barbarie por parte del estado”. Son palabras del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Un hombre que, después de haber estado al frente de un tribunal, reconoce que en el Estado español se tortura. También lo hace el juez Santiago Vidal que, además, advierte que “según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, una declaración hecha bajo tortura o bajo maltratos es nula de pleno derecho. Por lo tanto, no tiene ninguna eficacia como prueba auto incriminatoria ante un tribunal de justicia”. Son denuncias que llegan de mucho más allá de los movimientos sociales y que, pese a ser avaladas por uno de los tres poderes que el mismo estado defensa, son silenciadas.

En diciembre del año pasado, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa más de cuarenta organizaciones, escribió una carta al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, donde reclamaba explicaciones de los motivos que habían traído al ejecutivo de Madrid a apartar a esta entidad de las conversaciones por implementar un protocolo internacional que erradicara esta práctica perversa. Meses antes, la Coordinadora había presentado el informe que cada año recoge parte de las denuncias por tortura que se hacen en el estado. Sólo se incluían aquellas que hasta el momento habían sido documentadas y que, por otra parte, habían llegado directamente a la entidad: en total, eran 690 las personas que habían denunciado que el estado, de una u otra manera, las había torturado. El lamentable ranking de denuncias la encabezaban los Països Catalans, con más de 200, seguidos de Madrid, Andalucía y el País Vasco.

La relación entre los dos sucesos es, tristemente, casual y habitual. Desde el 2001, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura recoge en un informe los casos denunciados cada año. Desde mucho antes y sin ninguna intención de cambiarlo, los sucesivos gobiernos han inventado excusas para no aplicar protocolos que ellos mismos subscriben , avalan y defienden. Esto sí, siempre que se haya pasado su frontera.

Mientras tanto, el estado —los estados— trabaja en perfeccionar el perverso engranaje que permite que en el 2009, todavía se torture. Se esfuerza por mantener sus principales actores (policías, fiscales, forenses, abogados, jueces, medios de comunicación, políticos) dentro de este mecanismo similar a un reloj al cual hace falta dar cuerda, y lo hace, desgraciadamente, con el apoyo de una parte de la sociedad que justifica la tortura (a través de los dogmáticos “ojo por ojo” o la “finalidad justifica los medios”), la niega con el falso argumento de la democracia o, simplemente, mira hacia otro lado —a veces porque le avala y otras porque es más fácil pensar que “los míos” no torturan. Con el apoyo o el silencio de muchos, las cloacas del estado, que no hace falta buscar en las prisiones y comisarías, si no, a menudo, en los despachos oficiales, se llenan la boca con la defensa de los derechos humanos a la vez que avanzan en nuevas técnicas de tortura para no dejar morados, pero sí heridas internas que sólo se pueden combatir con la denuncia y el hecho de aprender a vivir con ellas.

Y estos despachos, blindados por la impunidad, se esfuerzan en proteger a sus soldados rasos —en el fondo, simples y crueles ejecutores—, y cuando una mínima sentencia, como la de los mossos condenados o la de los ya en libertad miembros del GAL, hace salir a la luz que el perverso engranaje a veces falla, preparan toda una serie de mecanismos. Mecanismos encabezados por el indulto, el ascenso y las medallas, que lejos de querer ocultar una terrible práctica, advierten del castigo que comporta salir del rebaño.

Lejos de lamentarse, ante este panorama poco alentador, cada vez son más las personas que no callan y denuncian esta aberración sin límites, que lo supera todo y de la cual el estado tiene el monopolio. Porque la madre de Amaia Urizar se queda destrozada después de que un grupo de guardias civiles violaran con una pistola su hija de 22 años. Porque Jordi Vilaseca es un joven que se pregunta si volverá a tener la misma escala de valores que lo regía antes de que el “trabajo” de los mossos lo llevase a la UVI. Porque la familia del Teo sufre cuando los agentes de Saura le apalean en la comisaría de las Corts de Barcelona por haber defendido sus derechos como conductor de autobús y como trabajador. Porque es un acto vil y cobarde el que la policía hizo, hace y seguirá haciendo con centenares de personas, cada año, en nuestra casa. Porque Joxe Arregi, Farid Bendaued o más de un preso social han muerto a manos de los defensores del orden, los guardianes de la ley, las fuerzas de seguridad.

Y es por todos estos “porqués” que hace falta gritar bien fuerte. Hace falta infectar todos los rincones de la sociedad con un virus que la haga despertar. Y también hace falta hacer enfermar a los movimientos sociales, que hemos asumido como rutina los empujones, los golpes de porra o la amenaza de detener a los amigos y familiares, en “el mejor de los casos” (cómo hemos asumido los trabajos precarios, los alquileres imposibles o las ordenanzas cívicas).

Hace dos años, rodeada de libros y pinturas y de un ambiente casi mágico imposible de explicar, una gran luchadora, Eva Monte, me explicó que la tortura es “una experiencia en la cual hay gente que muere, otra sobrevive, y otra sobrevive más fuerte, quizás”. Su caso fue el último. La denunció, recuperó la dignidad.

Laia Alsina Garrido es periodista y coautora del documental Silenci; aquí es tortura. Más información en www.setmanaridirecta.info